También se formó un reglamento que sirviese de pauta a la nueva autoridad, a la que se dio el nombre de Supremo consejo de regencia, y se aprobó un decreto por el que reuniendo todos los acuerdos acerca de la institución y forma de las cortes, ya convocadas para el inmediato marzo, se trataba de hacer sabedor al público de tan importantes decisiones.

En el reglamento, además de los artículos de orden interior, había uno muy notable, y según el cual la regencia «propondría necesariamente a las cortes una ley fundamental que protegiese y asegurase la libertad de la imprenta, y que entre tanto se protegería de hecho esta libertad como uno de los medios más convenientes, no solo para difundir la ilustración general, sino también para conservar la libertad civil y política de los ciudadanos.» Así la central, tan remisa y meticulosa para acordar en su tiempo concesión de tal entidad, imponía ahora en su agonía la obligación de decretarla a la autoridad que iba a ser sucesora suya en el mando. Disponíase igualmente en dicho reglamento que se crease una diputación compuesta de ocho individuos, celadora de la observancia de aquel y de los derechos nacionales. Ignoramos por qué no se cumplió semejante resolución, y atribuimos el olvido al azoramiento de la junta central, y a no ser la nueva regencia aficionada a trabas.

En el decreto tocante a cortes se insistía en el próximo llamamiento de estas, y se mandaba que inmediatamente se expidiesen las convocatorias a los grandes y a los prelados, adoptándose la importante innovación de que los tres brazos no se juntasen en tres cámaras o estamentos separados sino solo en dos, llamado uno popular y otro de dignidades.